“Toda correspondencia o comunicación dirigida a la CEDH, en ningún caso podrá ser objeto de censura de ningún tipo por parte de los funcionarios y servidores públicos de los centros de detención o reclusión”.
Gustavo Stenner / La Voz de Durango
El legislador Gerardo Galaviz Martínez, presentó ante el Congreso del Estado, una iniciativa donde el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN), se manifestó a favor del dictamen para la Reforma de Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango, esto con el fin de incluir que toda correspondencia o comunicación dirigida a la CEDH, en ningún caso podrá ser objeto de censura de ningún tipo por parte de los funcionarios y servidores públicos de los centros de detención o reclusión. Además, se prevé que, en caso de conocimiento de censura o interferencia en las comunicaciones dirigidas a la Comisión por parte de funcionarios o servidores públicos, ésta deberá dar parte a la autoridad competente para que se finque la responsabilidad y sanción correspondiente.
Asimismo, explicó que el sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios “para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto”.
Y agregó que “todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”.
Por otro lado, el representante popular dijo que la CEDH, “es un ente que tiene como razón de ser la defensa de los derechos humanos de los duranguenses, sin importar su situación jurídica, y sin distinción ni exclusión alguna”.
Y añadió, nuestra Constitución local, precisa en el párrafo 11, del artículo 13, señala que “Las personas privadas de la libertad tienen derecho a que se les reconozcan y respeten sus derechos humanos, y durante el tiempo que cumplan su sentencia podrán recibir capacitación para el trabajo, educación, atención para su salud y realizar actividades deportivas, como medios para lograr su reinserción a la sociedad”.
Por lo que “la falta de respeto a la dignidad y las actividades que le permitan a toda persona que se encuentra privada de su libertad una adecuada reinserción a la sociedad, puede ser motivo de queja ante la Comisión estatal de Derechos Humanos”.
Además, indicó Galaviz Martínez, el impedimento de la libertad de desplazamiento en la que se encuentran los reclusos, no merma, ni disminuye su calidad y el ejercicio de otros derechos humanos, ni las prerrogativas que le concede la ley.
“Dichas personas siguen teniendo derecho a la salud, a la capacitación, al trabajo, a la libertad religiosa, a la alimentación y a muchos otros derechos humanos, que deben ser respetados como cualquiera que no se encuentre en situación de cárcel”, reveló.
“Es así que como parte de los derechos humanos de las personas que se encuentran privadas de su libertad, se contempla la facultad de queja, por la posible violación a dichos derechos, misma que podrá presentarse de forma oral, por escrito o incluso por lenguaje de señas y podrá formularse por cualquier medio de comunicación eléctrica, electrónica o telefónica”, sentenció el diputado.