Marchan cientos en defensa del INE; tachan al “Plan B”

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  • Señalan que esta reforma electoral es “la crónica de un fraude anunciado”.

César Rodríguez/ La Voz de Durango

Este domingo, a nivel nacional miles de mexicanos salieron a marchar en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) y es que el Plan B de la reforma electoral fue aprobado por el Senado hace algunos días.

En la ciudad capital, al grito de “Mi voto no se toca”, cientos de duranguenses marcharon por las calles del Centro Histórico, para manifestar su inconformidad ante las decisiones del mandatario nacional, Andrés Manuel López Obrador.

Precisaron que esta reforma es un atropellamiento a la democracia y atacar al INE es un golpe directo a los derechos que por tantos años se ha luchado.

“Un atropellamiento a la democracia, esto es un retroceso, con nuestro voto no, con la democracia no, y menos con el futuro de las generaciones de México”, estos fueron algunos de los mensajes dirigidos para la ciudadanía.

Cabe mencionar, que ciudades como San Antonio, Nueva York y Los Angeles, a través de las redes sociales decenas de mexicanos se manifestaron en contra, puesto que aseguran que el país retrocede con una “crónica de un fraude anunciado”.

¿QUÉ DETERMINA EL PLAN B?

El Senado mexicano ha aprobó el pasado miércoles el “plan B” de la reforma electoral, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El proyecto fue avalado con 72 votos a favor y recibió 50 en contra, sin ninguna abstención. Lo aprobado ha dejado fuera la polémica cláusula de la “vida eterna”, una premisa que permitía que entre partidos de una misma coalición se puedan transferir votos y que fue impulsada por los aliados de Morena: el Partido Verde y el Partido del Trabajo.

La oposición, salió a marchar este domingo a favor del Instituto Nacional Electoral (INE), no obstante, lamenta la aprobación de la propuesta, que ahora será enviada al Poder Ejecutivo para ser promulgada.

El proyecto aprobado este miércoles impactará directamente en el INE que se prepara este año para los comicios en dos Estados —Estado de México y Coahuila— y, dentro de un año y medio, las elecciones presidenciales.

El árbitro electoral había reclamado que la reforma de López Obrador implicaba un drástico recorte en el presupuesto del organismo, que a su vez se traduciría en aproximadamente seis mil despidos.

Algunos de los consejeros incluso habían asegurado que tal medida podía llegar a poner en riesgo la organización de los procesos electorales.