- Acusados del plagio de más de 90 personas de origen asiático en cinco entidades del país.
César Rodríguez
La Voz de Durango
La Fiscalía General del Estado de Durango (FGED), mediante colaboración con autoridades del estado de Chihuahua, dieron cumplimiento a una orden de aprehensión en contra de Jaime “N” y Ramón Abigael “N”, de 29 y 30 años de edad, por la probable comisión del delito de secuestro agravado, en agravio de cinco personas de origen asiático.
De acuerdo con el informe de investigación, los hechos se registraron la noche del 16 de febrero del año 2014, cuando las víctimas quienes son todas de nacionalidad china y se desempeñaban en el ramo restaurantero.
Por lo que fueron interceptados por los ahora imputados en compañía de Pedro Leija Ramírez, José Armando Díaz Juárez y Safiro Bustillos Lerma, al exterior de su negocio ubicado en la zona centro de la ciudad de Durango, sitio al que arribaron con armas de fuego, para después privarlos de su libertad.
Posteriormente los captores se comunicaron con los familiares de los secuestrados, exigiéndoles una cuantiosa cantidad de dinero como pago a cambio de su libertad, situación ante la cual las familias acudieron a las instalaciones de la FGED.
Situación por la que se implementó un operativo en el que participaron elementos de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro (UECS), quienes se desplegaron por dicha zona para la búsqueda de las víctimas, donde se logró ubicar el domicilio en el que se encontraban, rescatándolos con vida.
Además del arresto en flagrancia de Pedro Leija Ramírez y José Armando Díaz Juárez, mientras que Safiro Bustillos fue arrestada al año siguiente en el estado de Chihuahua, mientras que Jaime y Ramón se mantuvieron prófugos de la ley hasta el año 2021.
Mencionar, que estos dos últimos eran objetivos prioritarios en cinco entidades. diferentes, debido al alto índice de violencia que representaba en sus territorios luego de que secuestraran a más de 90 personas de la misma nacionalidad.
Finalmente el Ministerio Público (MP), aportó los elementos de prueba necesarios para que se les vinculara por el delito de secuestro agravado, imponiéndoles prisión preventiva como medida cautelar, al tiempo de conceder un plazo de dos meses para el cierre de la investigación.