- Cuarenta años de prisión y más de 1 mdp de multa y reparación del daño.
- Las víctimas de estos delincuentes, dos de ellos eran agentes del Ministerio Público adscritos a la Vicefiscalía de Gómez Palacio.
Josélo Fuentes Delgado
La Fiscalía General del Estado de Durango (FGED), a través del Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en el Combate al Secuestro (UECS), fue notificada de la sentencia condenatoria en contra de Marcos Rodríguez Arenas y Ricardo Benjamín Aguilar Cazares, por el delito de secuestro agravado, en perjuicio de quienes en vida respondieran a los nombres de Óscar Ávalos Tralleros y Óscar Ávalos Chacón, de 56 y 22 años, respectivamente.
El 30 de noviembre de 2012, los ahora occisos se encontraban al exterior de una tienda de conveniencia, ubicada en una de las calles de la colonia Chapala del municipio de Gómez Palacio, Durango, lugar al que llegaron Marcos y Ricardo, a bordo de dos vehículos, uno de la marca Nissan, línea Sentra, color dorado, modelo atrasado, y el otro de la línea Tiida, para posteriormente privar de la libertad a las víctimas.
Minutos más tarde, los trasladaron a las inmediaciones del poblado La Polvareda del municipio antes citado, donde los mantuvieron en cautiverio al interior de un domicilio, privándolos de la vida, por lo que ese mismo día aproximadamente a las 22:00 horas, transportaron los restos de los occisos hacia las inmediaciones del Periférico y bulevar Ejército Mexicano de Lerdo, dándose a la fuga.
Mencionar que después de este suceso, familiares de las víctimas acudieron ante la Vicefiscalía de la Comarca Lagunera, donde interpusieron formal denuncia, y posteriormente agentes Investigadores adscritos a la UECS, comenzaron con las indagatorias correspondientes, logrando ubicar a Marcos, quien se encontraba internado en el Centro de Reinserción Social (Cereso) No. 1., por una causa penal diversa, girándosele orden de aprehensión por el delito referido.
Al continuar con las investigaciones del caso, fue localizado Ricardo en la ciudad de Tijuana, Baja California, el 12 de marzo de 2018, siendo detenido y trasladado gracias a un oficio de colaboración con dicho estado, quedando a disposición del Agente del Ministerio Público.
Finalmente, los elementos de prueba que integraron la carpeta de investigación elaborada por el Agente del Ministerio Público adscrito a la UECS, fueron un factor contundente para que el Juez de Control y Enjuiciamiento dictara sentencia condenatoria por 40 años de prisión para ambos, así como una multa por la cantidad de 245 mil 520 pesos, y como reparación del daño un millón 100 mil 736 pesos.
