- Advierten una baja de recursos para 2019 que puede afectar al sector nuevamente.
Renato Santos/La Voz de Durango
Arquitectos e ingenieros civiles, se quejan de que la obra pública no se otorgue a los locales, ya que solo el 10 por ciento de los agremiados se les ha tomado en cuenta, situación que ha generado desempleo, falta de circulante y un decrecimiento económico.
En conferencia de prensa, los presidentes del Colegio de Arquitectos de Durango, Alejandro Ruvalcaba Díaz; del Colegio de Ingenieros Civiles Independientes, Felipe Contreras Salinas; del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Durango, Rogelio Pérez Moguel; y del Colegio de Arquitectos Valle del Guadiana, Raúl Montelongo Nevárez, exigieron a los tres niveles de gobierno ser tomados en cuenta y su preocupación por la baja presupuestal para obra pública, lo que afecta al sector.
Del gobierno federal, señalaron, hay una disminución presupuestal de 660 millones de pesos con respecto al 2018, en el Centro Estatal de la SCT y solo se contará con 836 millones de pesos, además que no se asignaron recursos para la modernización de presas y obra hidráulica.
De los mil 200 millones de pesos por operar el estado, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado (Secope), Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango (Inifeed) y Comisión del Agua del Estado de Durango (CAED), pidieron que se tome en cuenta a los profesionistas locales, al ser el sector más golpeado y que en el 2018 dejó un decrecimiento de más del 30 por ciento, baja inversión y un decrecimiento económico del 8 por ciento.
En el ámbito municipal, señalaron un desánimo para la inversión privada ante la burocracia y la tramitología que exigen, principalmente en las licencias de construcción, problema que consideran es un calvario; así como la aplicación óptima de los 160 millones de pesos programados para este año en obra.
Los cuatro colegios de profesionistas aglutinan a mil personas, entre arquitectos e ingenieros, en el 2018, solamente un 10 por ciento de ellos fueron tomados en cuenta, por lo que se presume que la mayoría de la obra pública fue otorgada a empresas foráneas.