En el desplegado se expone que diversos sectores productivos de aquella región denuncian extorsiones y cobros ilegales por parte del crimen organizado.
El plazo estimado para la construcción de la presa es de tres años, se pretende que finalice en 2027.
Empresas locales esperan ser subcontratadas por las empresas nacionales que obtengan el fallo.
El 40% de las denuncias son en contra de instituciones de seguridad pública, incluyendo la policía estatal y los agentes del Ministerio Público, resaltó Noel Díaz.
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