- El despacho del exsecretario de Gobierno, Hugo Rosales Badillo, presuntamente estaría involucrado en la adjudicación de 60 mil viviendas en 8 estados.
Tras el escándalo por fraude del Infonavit en Nayarit con el que se habrían adjudicado más de 60 mil viviendas en por lo menos ocho estados del país y en el que está presuntamente involucrado el duranguense Hugo Gerardo Rosales Badillo, exsecretario de Gobierno, el titular del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) en Durango, Carlos Martínez Velázquez declaró que desde su llegada en diciembre del año pasado ordenó una auditoría local para que se vieran responsabilidades sobre probables participaciones de trabajadores.
Durante rueda de prensa, el funcionario federal explicó que han estado cooperando con la Fiscalía General de la República (FGR) aportando los datos necesarios que ellos tengan como autoridad investigadora y ellos son los responsables de llevar a cabo la investigación, como director General del Infonavit que arribó al cargo el 14 de diciembre conoció de la situación, mucho fue por los medios de comunicación precisamente y ordenó una auditoría a las instancias correspondientes.
Abundando dijo que se está llevando a cabo y desahogando la auditoría en este programa, más la auditoría 2019, y seguirán colaborando con la FGR, ellos serán los encargados de decir quiénes pudieron haber cometido un delito y serán también ellos quienes determinen eso mediante elementos de prueba.
Reconoció también que como instancia otorgadora de crédito tienen la costumbre todavía, están trabajando para cambiarlo, pero tercerizaba toda su operación, entonces efectivamente son despachos y hay 182 despachos a nivel nacional o más, que hacían todos los procesos judiciales, por lo que hay que investigar y depende de lo que concluya la auditoría se darán los resultados.
Por último, Martínez Velázquez señaló que como nueva administración se está trabajando en un convenio en colaboración con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), para revisar todo el proceso de cobranza del Instituto, desde lo que se llama cobranza administrativa, que es cuando se deja de pagar uno o dos meses y primero empiezan llamadas telefónicas, hasta la cobranza judicial que es después del mes nueve y hay que revisarlo todo con una perspectiva de derechos humanos.
Aarón Quiñones/ La Voz de Durango
