Sara Valenzuela / La Voz de Durango. En las últimas semanas se ha generado una fuerte indignación y conmoción social por las desapariciones de jóvenes que se han suscitado de manera constante tanto en la capital duranguense como en Mazatlán, Sinaloa. La falta de actuar de las autoridades, la incertidumbre en las familias que atraviesan por dicha situación, las marchas realizadas semana tras semana, han exigido respuesta y justicia.
Ante las circunstancias, el Observatorio Ciudadano de Durango emitió un comunicado el pasado 23 de octubre, en donde exigió coordinación inmediata entre Durango y Sinaloa derivado a la creciente ola de desapariciones.
El llamado, respaldado con datos de 93 personas desaparecidas en Durango entre enero y septiembre de 2025, y siete más en Sinaloa, detonó cobertura mediática y consecuencias políticas en Mazatlán. Aunque el secretario de Economía de aquella entidad, Ricardo Velarde, renunció tras investigaciones ligadas a desapariciones, la sociedad ha descalificado la eficiencia y transparencia de las autoridades.
Sin embargo, estos casos no solo se han quedado a nivel local, sino que han trascendido al plano nacional, lo que pone en evidencia el enojo de la sociedad civil y la exigencia del cambio necesario para lograr soluciones en diferentes estados de la república.
