Sara Valenzuela / La Voz de Durango. El posible incremento a la tarifa del transporte público en Durango ha generado molestia entre usuarios, principalmente porque el pasaje actual de 13 pesos es comparado con el costo en entidades más grandes, donde, pese a tener rutas más largas, mayor infraestructura y servicios, el precio es similar o incluso menor. Este escenario impacta directamente en la economía de las familias duranguenses, que dependen del transporte colectivo para trasladarse diariamente a la escuela y al trabajo.
Ante este panorama, el subsecretario de Movilidad y Transportes, Rafael Valentín Aragón, aclaró que no existe un aumento en el horizonte cercano, ya que hasta el momento solo se han sostenido pláticas informales con sindicatos y únicamente uno ha presentado una solicitud formal de revisión.
Explicó que elevar la tarifa no puede ser la única solución a los problemas del transporte, ya que un ajuste al pasaje podría desincentivar el uso del autobús y provocar que más personas opten por vehículos particulares o taxis, afectando la movilidad y saturando las vialidades.
“Hasta ahorita solo tenemos nosotros charlas que han sido informales y solamente un sindicato nos ha hecho la petición formal, hasta ahora para nosotros no existe un incremento como tal en el horizonte cercano y debo decirlo así porque hemos hecho los análisis técnicos desde noviembre, en septiembre que nos toca a nosotros llevar a cabo sin que se nos solicite por nadie, como una responsabilidad propia de esta dependencia”(…)” Tenemos que pensar en los sistemas de administración con los que están contando los sindicatos, porque también ahí podemos entrar nosotros y habrá que ver si hay las condiciones, porque al paso que vamos podemos llegar a, no sé, 30 pesos, por lo que tenemos que ser muy cuidadosos, a nosotros nos interesa que las personas se trasladen en autobuses”, detalló.
Añadió que la decisión final recaerá en el Consejo Técnico del Transporte, aunque reiteró que la postura de la dependencia es actuar con cautela y priorizar el equilibrio entre la viabilidad del servicio y la capacidad económica de la ciudadanía.
