Sara Valenzuela /La Voz de Durango. A través de nuestro medio de comunicación, la señora María Eugenia Zúñiga Martínez y su hijo Eugenio de la Garza denunciaron públicamente las múltiples irregularidades y omisiones cometidas por autoridades judiciales en el estado de Durango, en relación con un juicio de carácter civil e hipotecario, así como los actos de violencia, amenazas y abuso de poder que sufrieron como legítimos poseedores de un inmueble.
La entrevistada aseveró que el pasado domingo fue víctima de agresión y de amenazas de muerte por parte de dos personas. Además de esto aseguró que la Secretaría del Juzgado Cuarto ha obstaculizado sus solicitudes y les ha negado el acceso a copias y a audiencias, mientras que al demandado se le otorgan beneficios de forma inmediata, incluso aceptando pruebas que no cumplen con los requisitos legales.
“El tema nos han retrasado muchísimo y sobre todo la secretaria del juzgado cuarto, voy el lunes a mostrarle la golpeada que me da en que el señor Miguel Ángel
hace justicia con su propia mano”(…)”Esto fue el domingo, contra mí y mi hermano que están viviendo en la casa que usted tiene una sentencia de 2012, fui a meter cosas para que se viera que estaba habitada y este señor súper grosero y gritando a los cuatro vientos que él tenía compradas a todas las autoridades y que nuestras acciones no iban a prosperar, él iba acompañado de un hermano y a mi hermana y a mí no quería que nos moviéramos porque tenían que llevarnos presas, estoy muy, muy lastimada, imagínense la fuerza de dos gentes, Dios es grande, por algo sigo viviendo,
pero estoy toda llena de moretones, toda que no me puedo mover”, explicó.
Ante esta situación, Eugenio de la Garza, hijo de la afectada, exigió una orden de protección inmediata para salvaguardar su integridad física y su patrimonio. Que el Gobernador del Estado, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia y la Fiscal General del Estado investiguen y sancionen a los responsables y por último piden que se rompa el pacto de impunidad entre autoridades judiciales y actores inmobiliarios que afectan gravemente los derechos de los ciudadanos.
“Lo que estamos solicitando es que a mi mamá y a mí nos den una orden de protección por las amenazas que corremos tanto en nuestra persona como en nuestro patrimonio, pero lo más importante es que ya rompan ese pacto de impunidad que tiene Miguel Ángel y todos los miembros del cártel inmobiliario que existe en Durango ¿Por qué? Desde el 2022 venimos denunciando todo esto”, concluyó.
