Prioritario, fortalecer el sistema local anticorrupción: Noel Díaz

0
59
  • Es un trabajo en equipo.
  • México sigue siendo el país de la OCDE peor evaluado en el Índice de Percepción de la Corrupción.

Alejandro Valencia / La Voz de Durango

Durante su participación en el Foro de Gobernabilidad y Consulta para el Plan Estatal de Desarrollo 2023-2028, el fiscal especializado Noel Díaz Rodríguez señaló que para combatir y controlar el problema de la corrupción e impunidad se requiere fortalecer el Sistema Local Anticorrupción con la participación de las y los ciudadanos, el acompañamiento de las organizaciones de la sociedad civil, la acción de los poderes y gobiernos y la coordinación de los entes públicos que integran este sistema.

Refirió los datos del Índice de Percepción de la Corrupción 2022, dado a conocer recientemente por Transparencia Internacional, en el que se señala que, por tercer año consecutivo, México obtuvo 31 puntos, donde 100 sería la mejor calificación posible y cero la peor.

México, señaló en su exposición, sigue siendo el país peor evaluado entre los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y es el segundo peor evaluado en el G20. Solo Rusia tuvo una peor calificación que México entre las veinte economías más grandes del mundo.

Por ello es de gran importancia que las políticas institucionales y programas de la Fiscalía Anticorrupción y el Plan Estatal de Desarrollo estén alineadas y sean complementarios, para garantizar la efectividad en la reducción y control de los delitos de corrupción en el estado de Durango.

Como prioridad número uno, el fiscal anticorrupción propuso: fortalecer el Sistema Local Anticorrupción y desarrollar programas que aseguren la coordinación entre las autoridades competentes de los órdenes de gobierno estatal y municipal en la prevención, detección, denuncia, investigación y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como en la Fiscalización y control de recursos públicos.

En segundo término: Fomentar la cultura de la legalidad y desarrollar programas de colaboración del Sistema Estatal de Educación en materia de formación cívica, ética, integridad y derechos humanos.

Para finalizar y como tercer punto: Promover la expedición de normas, protocolos y mecanismos de protección de denunciantes, alertadores y testigos de actos y hechos de corrupción.