- La corrupción afecta a los más pobres, aseguró el diputado Luis Enrique Benítez Ojeda.
Rosy Gaucín/La Voz de Durango
El diputado Luis Enrique Benítez Ojeda presentó la iniciativa de reformas a la Constitución Política del Estado, para que se incluya como Derecho Humano el vivir en un ambiente libre de corrupción, fiscalización y de rendición de cuentas públicas, ya que la corrupción afecta a los más pobres.
Dijo que la corrupción afecta infinitamente más a los pobres porque desvía los fondos destinados al desarrollo, socava la capacidad de los gobiernos de ofrecer servicios básicos, alimenta la desigualdad y la injusticia y desalienta la inversión y las ayudas extranjeras. La corrupción es un factor clave del bajo rendimiento y un obstáculo muy importante para el alivio de la pobreza y el desarrollo.
Ante ello, hay que sensibilizar a la sociedad sobre las causas y la gravedad de la corrupción, como la amenaza que esta representa, esta participación debería reforzarse con algunas medidas como aumentar la transparencia y promover la contribución de la ciudadanía a los procesos de adopción de decisiones, garantizar el acceso eficaz del público a la información, realizar actividades de información pública para fomentar la intransigencia con la corrupción, entre otras.
De ahí que esta es una iniciativa que impulsa el Consejo de Participación Ciudadana y el Sistema Local Anticorrupción.
La Convención de la Organización de Las Naciones Unidas (ONU) Contra la Corrupción, establece que la corrupción es una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad. Socava la democracia y el estado de derecho, da pie a violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana.
Este fenómeno maligno se da en todos los países grandes y pequeños, ricos y pobres pero sus efectos son especialmente devastadores en el mundo en desarrollo.
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; entre estos, vivir en un ambiente libre de corrupción.
Hay dos estados que legislaron al respecto, Baja California y Tabasco, de esta manera Durango se puede convertir en la tercera entidad del país.
En Durango, en el año 2019 las víctimas de actos de corrupción por cada 100 mil habitantes, ocupó los primeros lugares con un 25.4 por ciento, siendo el menor índice en las entidades federativas el 6.9 por ciento. Y la incidencia de corrupción por cada 100 mil habitantes aumento de año 2015 de 23 mil 365 habitantes a 55 mil 192 en el año 2019.