- Aspiran a un punto de equilibrio.
- Agilización de proyectos debe de darse con una planeación adecuada, opinó este organismo empresarial sobre decreto presidencial en el tema de infraestructura.
Rosy Gaucín/La Voz de Durango
Los constructores formales afiliados a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), compartimos el propósito del Gobierno Federal de agilizar la ejecución de las grandes obras de infraestructura que el país necesita. Asimismo, respetamos las atribuciones legales de las autoridades federales para emitir decretos en aras de hacer valer el interés público.
Sin embargo, no estamos de acuerdo que la construcción de obras públicas a través de permisos provisionales sea la mejor manera de agilizarlo, afirmó el presidente de la CMIC en Durango, Raúl Montelongo Nevárez.
Lo anterior debido a los problemas que podrían generar a las dependencias ejecutores de obra pública, las empresas constructoras y la sociedad en general sobre el acuerdo emitido por el titular del Ejecutivo federal para establecer determinados proyectos de interés público y seguridad nacional.
Aseguró que existen diferentes causas que inciden el retraso de la obtención de permisos para la ejecución de obras públicas además de la capacidad de respuesta de las instituciones responsables, es un problema estructural que debe atenderse dándole a la planeación de largo plazo y a lo preparación técnica de los proyectos la seriedad, prioridad y tiempo que requieren.
“Por ello y de la manera más respetuosa, expresamos nuestra legítima preocupación de que este decreto devenga en mayor improvisación, mayores costos, menor transparencia y deterioro en la calidad de las obras”, indicó.
Consideró que no es sano hacer de una excepción, la regla. De ninguna manera todos los proyectos de obra federal de agua, medio ambiente, comunicaciones, telecomunicaciones,aduaneros, turísticos, energéticos y de salud califican como proyectos de seguridad nacional.
Por último, dijo que se espera que las autoridades federales abran un espacio de diálogo con los diferentes sectores involucrados en el ciclo de infraestructura, para encontrar un punto de equilibrio que concilie la legitima aspiración de las autoridades de agilizar las obras, con el imperativo de garantizar la adecuada realización de la misma en condiciones de transparencia, costos competitivos y calidad.
