Por: Juan Nava Stenner
- Cobró mayor notoriedad en el sexenio anterior.
- Nadie sabe si está cancelado o vigente.
- 50 exfuncionarios siguen amparados, dos más ubicados en Argentina.
El gobierno de Durango adquirió el sistema israelí de intervenciones telefónicas y espionaje israelí “Pegasus” durante los gobiernos de Ismael Hernández y Jorge Herrera Caldera, años en los que el estado padeció los más graves episodios de violencia registrados en la época moderna o después de la Revolución de 1917 y la guerra oscura contra el sindicalismo y el estudiantado en los años 60S.
Hackeos y espionaje a periodistas, empresarios, policías o simples caprichos personales contra gente de la comunidad, fue en lo que se usó el sistema israelí prohibido en muchos países, pero no en México, adquirido de una empresa mexicana junto con otros Estados de la República a través de la entonces Procuraduría General de la República y de la Secretaría de la Defensa.
Diseñado para fortalecer la seguridad de países contra el terrorismo internacional o espiar a las huestes del crimen para prevenir delitos, el sistema “Pegasus” cobró notoriedad en varios estados del país, entre ellos Durango en los años de 2010 a 2016 y resurge hoy, por el descubrimiento de espionaje contra familiares y amigos del presidente Andrés Manuel López Obrador.
A la llegada del régimen actual en Durango, se insistió en que ese sistema de espionaje israelí habría sido cancelado y desechado por costoso e ilegal, así como también por una explícita petición del Gobierno de Aispuro a las autoridades federales del sexenio del presidente Peña Nieto. Pero a ciencia cierta, hay un hermetismo impenetrable sobre dos sistemas de seguridad, el C5 y el control sobre el espionaje a personalidades destacadas de nuestra ciudad y de la Comarca Lagunera. Hermetismo del cual, ni siquiera el Gobierno del estado está enterado.
El sexenio que concluyó en 2016, destruyó evidencias, papelería de contratos y adquisiciones. Dos de las funcionarias más representativas del régimen, la titular de las Finanzas y la encargada de lo mismo en el sistema de salud, desaparecieron como por arte de magia y fueron ubicadas en Argentina por la Interpol. Por lo menos otros 100 funcionarios de ese entonces han recurrido a amparos a nivel local y de otras circunscripciones acusados de delitos de desvío de fondos federales y uso inadecuado y fraudulento de recursos públicos cuyos montos y supuestos fraudes van del orden de los 4 mil 500 a los 17 mil millones de pesos.Los rastros del sistema “Pegasus” han permanecido ocultos y en la actualidad no se sabe si esa licencia está activa, en pausa o definitivamente cancelada.
Un velo de misterio cubre ese sexenio.