- Reanudan actividades el 3 de agosto.
- El calendario oficial 2020, marca el primer periodo vacacional del jueves 16 al viernes 31 de julio del año en curso.
Graciela Rosales/La Voz de Durango
Este 15 de julio se levanta la suspensión de términos procesos que se decretó por acuerdo de los plenos del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura y se da inicio al periodo vacacional contemplado del jueves 16 al 31 de julio para reanudar actividades el próximo 3 de agosto del año en curso, informó el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de Durango (PJED), Esteban Calderón Rosas.
Asimismo, informó que partir del lunes 3 de agosto próximo se reactivará la totalidad de las actividades jurisdiccionales en los 13 distritos judiciales, en primera y segunda instancia, en su horario habitual de atención al público de las 9:00 a las 15:00 horas, de lunes a viernes, con la posibilidad de habilitar audiencias por las tardes según se requería en los juzgados.
En sesión extraordinaria, el pleno del Tribunal Superior de Justicia acordó que los servidores judiciales tomen sus vacaciones de verano como lo establece la Ley Orgánica de este Poder, la cual indica que el primer periodo vacacional del año tendrá lugar en la segunda quincena del mes de julio.
La próxima quincena, en los órganos jurisdiccionales y en los auxiliares del Consejo de la Judicatura, se quedará personal de guardia, de lunes a viernes, de las 10:00 de la mañana a la 1:00 de la tarde, horario en el que se continuará con el servicio de expedición de cartas de antecedente, en la Dirección de Archivo.
Como se sabe, el Tribunal de Enjuiciamiento y los Juzgados de Control, trabajan los 365 días del año, por lo cual su personal, durante fines de semana, días festivos y vacaciones, opera mediante un sistema de guardias permanente, para atender los términos constitucionales, de órdenes de aprensión, formulación de imputación, control de detención, vinculación a proceso y libertades.
La reanudación de actividades será en la misma dinámica de las medidas adoptadas bajo los lineamientos de seguridad sanitaria para evitar la concentración y la alta movilidad de personas dentro de las instalaciones del Poder Judicial, que pudieran propiciar contagios de Covid-19.