Graciela Rosales / La Voz de Durango
La participación del gobernador José Rosas Aispuro Torres en las reuniones con la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) y la Interestatal del Noreste, lo han ubicado por su pronunciamiento de unidad nacional como un ente político maduro, conciliador, pero firme y seguro de que se tiene que hacer más, mucho más para rescatar el marco de derecho constitucional y establecer una estrategia nacional para reactivar la economía, todo esto con el agravante de la pandemia de Covid-19.
Pedir que trabajen de manera coordinada los estados y la federación es algo que la población mexicana necesita, el liderazgo que todavía conserva Andrés Manuel López Obrador, aunque en menor escala que cuando llegó a la Presidencia de la República, podría ser muy útil si tan solo se diera la oportunidad de escuchar a los que lo eligieron.
Los gobernadores José Ignacio Peralta, de Colima; Francisco Javier García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas; Miguel Ángel Riquelme Solís, de Coahuila; Silvano Aureoles Conejo, de Michoacán; Jaime Rodríguez Calderón, de Nuevo León; Enrique Alfaro Ramírez, de Jalisco; y Diego Sinhue Rodríguez, de Guanajuato; no están fuera de la razón.
A ellos les ha tocado poner la cara para recibir las quejas y reclamos de las carencias en hospitales, sus gobiernos reciben las denuncias por falta de equipos de protección para el personal de salud que atiende en la primera línea a pacientes de Covid-19, la carencia de medicamentos para pacientes con cáncer; y ha sido el mismo personal de gobierno quien ha vivido la angustia de contar los muertos que deja la pandemia y aun cuando se viven tiempos inéditos, solo han contado con el presupuesto ordinario y las migajas del Insabi.
La idea de interponer una controversia constitucional ante la decisión del gobierno federal por limitar las inversiones de energías libres y renovables en los estados, la fundamentan en el cambio unilateral del gobierno federal en las reglas de juego, inhibiendo las fuertes inversiones en la materia, y poniendo en riesgo algunas otras que ya se trabajan en entidades como Durango, en donde hay alrededor de ocho proyectos de energía limpia, algunos de ellos en proceso.
La propuesta de crear un impuesto estatal a las empresas que usan combustóleo y generan contaminación a través de millones de toneladas de CO2, está dirigida a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex), así como las empresas proveedoras de estas.
Y es que si el presidente le pregunta a los jóvenes su opinión al respecto, sabrá que la mayoría está a favor de las energías limpias y renovables y que están a favor de la sustentabilidad y si no es por el cuidado del medio ambiente, entonces que piense en el ahorro económico que representa para los mexicanos, para los pobres que tanto defiende y en cómo podría bajar el costo de sus recibos de consumo de energía eléctrica o por último, que piense en la fuerza electoral tan importante que representa la juventud de México.