- Las funciones de los elementos castrenses no deben extenderse a aquellas que son exclusivas de los policías.
AGENCIAS
CIUDAD DE MÉXICO
El acuerdo presidencial que ordena la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública es insuficiente para garantizar una supervisión efectiva de los elementos castrenses, al dejar esa revisión a un órgano de control interno, criticó la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
“El Acuerdo fija que esta supervisión será realizada por el órgano interno de control de la dependencia de la Fuerza Armada que corresponda, lo que resulta insuficiente para garantizar una supervisión efectiva de carácter externo.
“Contradice los elementos de control civil de la seguridad pública establecidos en la reforma constitucional que creó la Guardia Nacional y no honra los principios de transparencia y rendición de cuentas que deben regir el actuar de todas las corporaciones de seguridad, incluyendo las Fuerzas Armadas”, indicó Naciones Unidas.
Señaló además que las funciones de los elementos castrenses no deben extenderse a aquellas que son exclusivas de los policías, pues la participación en esas labores podría invadir sus competencias, afectar su naturaleza civil y trastocar el debido proceso.
El acuerdo, aseguró, no contiene información que permita evaluar su conformidad con los estándares internacionales y constitucionales en la materia.
“Contrario a la obligación de que el papel de las Fuerzas Armadas se supedite a las autoridades civiles, el Acuerdo establece una relación de coordinación entre las autoridades civiles y militares”, señaló.
VAN CONTRA ACUERDO PRESIDENCIAL SOBRE FUERZAS ARMADAS
El Colectivo #SeguridadSinGuerra analiza promover un juicio de amparo en contra del acuerdo presidencial que ordena la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, aseguró Chrístel Rosales, investigadora del programa de Justicia en México Evalúa.
“Se están valorando distintas estrategias, pero se estará buscando la posibilidad de obtener un amparo y llevar este caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
“Justo proviniendo de este quinto transitorio, especificando qué es lo que estamos considerando que no se está logrando satisfacer en este acuerdo, que se había dejado, digamos, la oportunidad de hacer uso de las Fuerzas Armadas, pero ninguno de los criterios que se previeron se están cumpliendo con este acuerdo”, explicó.
Rosales aseguró que la SCJN es la única opción para revertir este acuerdo porque la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) no está en condiciones de ser un contrapeso para el Ejecutivo.
Señaló que, a un año de creada la Guardia Nacional (GN), el gobierno federal reconoció con este acuerdo que no ha podido consolidar la corporación.
Destacó que el quinto transitorio de la reforma constitucional que crea la Guardia Nacional –del que derivó el acuerdo presidencial- no da facultades reglamentarias al Ejecutivo federal para tratar de regular a las Fuerzas Armadas mediante un acuerdo.
“Dado que no se previó de esa manera, se hubiera esperado que pasara por un trámite legislativo de discusión abierta, y de, incluso, en el caso de que fuera a ocupar a las Fuerzas Armadas amparado del quinto transitorio, se habría peleado por tener un plan definido de con qué objetivo, y con qué mecanismos de supervisión y control operarían las Fuerzas Armadas”, dijo.
“Vamos a ver posibles casos de detenciones en los que no se integre de forma correcta la carpeta de investigación y esto signifique para los detenidos no sólo afectaciones o violaciones a su debido proceso sino también una restricción a que ellos s