Cuestionan al Consejo de la Judicatura del PJED: Gamero Luna

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  • Barra de Abogados y Concam se inconforman.
  • Aseguran que por conflicto de intereses separa a un juez de su cargo.

Graciela Rosales/La Voz de Durango

La política de la presente administración del Poder Judicial del Estado de Durango (PJED), es que se sigan los procedimientos legales ya establecidos, fue la respuesta que, a través de comunicación social, se dio conocer respecto a la inconformidad expresada por abogados en la entidad, quienes repudiaron los actos con sesgo político que llevaron a la separación del cargo de Carlos Lerma Burciaga, ahora exjuez de Control y Ejecución del Tribunal de Menores Infractores.

La inconformidad está firmada por la Barra Mexicana, Colegio de Abogados de Durango A.C. y la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México (Concam), a través de sus representantes Gustavo Gamero Luna y Luis Ignacio Covarrubias González.

Quienes por escrito se manifiestan desconcertados e inconformes por las determinaciones emitidas por el reciente proceso de ratificación de jueces, “ya que sustituir al único juzgador con certificación internacional en materia en materia de menores infractores por un conflicto de intereses, causa incertidumbre para los que nos dedicamos a la pugna diaria de la defensa de los derechos de los particulares”.

El documento que obra en poder de quien esto escribe, repudia en todo sentido los actos con sesgos políticos dirigidos a la separación del cargo de Carlos Lerma Burciaga, exjuez de Control y Ejecución del Tribunal de Menores Infractores, por considerar que a lo largo de su desempeño profesional ha demostrado ser un estudioso del derecho y representante nacional e internacional del Foro Jurídico del Estado en materia penal, haya sido afectado sin miramiento alguno por el propio Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado.

Los abogados, exigen se le restituyan sus derechos ante lo que consideran una clara violación al procedimiento de ratificación que se contiene en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.