- En 2019 se recibieron 8 mil 373 declaraciones.
Durango, Dgo.
Como parte de la Política Nacional Anticorrupción a la que está alineada la administración que encabeza el gobernador José Rosas Aispuro Torres, la Secretaría de Contraloría del Estado de Durango (Secoed), da seguimiento a la situación patrimonial de los servidores públicos del Estado, expresó la titular de la dependencia, Raquel Leila Arreola Fallad.
En este sentido, la titular de la Contraloría expuso que se tienen más de 45 mil funcionarios registrados, en 2019 se recibieron ocho mil 373 declaraciones iniciales, de modificación, conclusión y aviso de cambio de dependencia, así como de esta revisión, derivan las primeras 101 investigaciones.
Informó que la Contraloría abrió 101 investigaciones de funcionarios del Poder Ejecutivo por no haber presentado sus declaraciones patrimoniales y de intereses dentro de los plazos legales, mismas que se encuentran en proceso, reportó.
La Secretaria recordó que en 2019 entró en funciones la Dirección de Situación Patrimonial y de Intereses adscrita a la Subsecretaría Jurídica, unidad administrativa especializada en fiscalización e investigación de faltas administrativas en declaraciones patrimoniales y de intereses.
Además, el primero de diciembre entró en vigor la norma que expidió la Secoed para la integración del padrón de sujetos obligados a presentar declaraciones patrimoniales y de intereses, de modo que las áreas de Recursos Humanos también reportan las altas y bajas laborales para dar seguimiento a las declaraciones.
Agregó que de conformidad con la Constitución Federal, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y los Acuerdos del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, los servidores públicos están obligados a presentar declaraciones patrimoniales y de intereses; por el momento solo es exigible a los funcionarios que ya eran sujetos obligados ante la Entidad de Auditoría Superior del Estado (EASE), que abarca jefes de departamento o equivalentes y superiores, agentes del Ministerio Público y policías investigadores de la Fiscalía General del Estado de Durango (FGED), así como quienes manejaban recursos públicos.
También son sujetos obligados los trabajadores que ingresaron al servicio público por primera vez a partir del 19 de julio de 2017 sin importar el nivel jerárquico, puntualizó Arreola Fallad. Explicó que de omitir la declaración, el proceso podría derivar en procedimientos de responsabilidad administrativa.
