- “Que renuncie Kato Rodríguez”.
- Los consejeros cobran mucho y trabajan poco, señala Gurrola Vega.
Graciela Rosales/La Voz de Durango
La observación de la Entidad de Auditoría Superior del Estado (EASE), pone en tela de juicio el ejercicio de casi 19 millones de pesos por parte del Instituto Electoral de Participación Ciudadana (IEPC), en tanto que los diputados locales cuestionan la existencia de un fideicomiso, el subejercicio del presupuesto, la contradicción del comodato de un inmueble y el arrendamiento de otros, así como el exagerado salario de los consejeros electorales, de quienes dijeron cobran mucho y trabajan poco, incluso se pidió la renuncia de Enrique Kato Rodríguez como consejero presidente.
A su arribo al Congreso del Estado, Enrique Kato Rodríguez, consejero presidente del IEPC, mostró una actitud intolerante con los medios de comunicación que esperaban su declaración sobre las observaciones de la Entidad de Auditoría: “es que miren, como les digo, yo vengo enfocado en mi comparecencia”, y luego pidió que lo esperaran hasta al final, negando la atención a los medios en ese momento.
Ya en el estrado, Kato Rodríguez dio cuenta de las actividades desarrolladas en el IEPC durante el ejercicio 2018-2019, para acto seguido, de acuerdo con el formato legislativo, dar paso a las preguntas y respuestas.
El primero en preguntar fue el diputado Gerardo Villarreal Solís del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), quien cuestionó sobre el estatus de fideicomisos y si no son una estrategia para evitar los subejercicios; la respuesta fue que solo existe un fideicomiso con dos subcuentas, uno que atiende el tema de pasivos laborales y el otro para infraestructura, ya que se pretende crear una bodega electoral.
La segunda pregunta correspondió a la diputada petista Claudia Julieta Domínguez Espinoza, quien dijo que en el proceso electoral 2018-2019, hubo delincuencia electoral, se relajaron los topes de campaña por parte de los partidos “los naranjas y los azules”, compra de votos a través de bienes y despensas, entrega de tarjetas bancarias, coacciones y amenazas a trabajadores gubernamentales, descuentos ilegales en agua, predial; también alegó la existencia de urnas embarazadas, publicidad ilegal en el mobiliario urbano, guerra sucia en redes sociales y –dijo- hubo también compra de funcionarios electorales para avalar los atropellos al Estado de derecho; esta, dijo, fue una elección de narco-estado y al final de los señalamientos preguntó a Kato Rodríguez si estaría dispuesto a renunciar.
La respuesta fue en el sentido de que los señalamientos realizados son competencia de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y respecto a la renuncia dijo estar en la mejor disposición a sujetarse a la ley de Responsabilidad de Servidores Públicos.
Por su parte, la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, (PAN) le cuestionó el que por un lado exista el préstamo de un inmueble al Poder Judicial y por el otro se registran pagos elevados por concepto de arrendamiento de inmuebles; la respuesta fue que los inmuebles arrendados se utilizan como sede de los Consejos Municipales y que el comodato se hizo por el Consejo anterior.
Hubo muchas opiniones de diputados que, aunque no hicieron preguntas al Consejero Presidente opinaron su actuación como es el caso de Iván Gurrola Vega, quien señaló que los Consejeros cobran mucho y trabajan poco.