El DNSP reprueba a los centros penitenciarios mixtos del estado con 4.92, Tamaulipas y Baja California Sur, también comparten esta situación.
Alejandro Valencia / La Voz de Durango
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 60, 61, y 62 /2019 a los gobernadores de Durango, Tamaulipas y Baja California Sur, que tiene el fin de erradicar las deficientes condiciones en las que se encuentran las mujeres privadas de la libertad en centros penitenciarios mixtos del país.
De acuerdo a la institución los centros penitenciarios mixtos que albergan mujeres no cumplen con las adecuadas condiciones de habitabilidad, ya que su infraestructura, organización y funcionamiento gira alrededor de las necesidades de los varones, lo que contraviene al Artículo 18 Constitucional.
Esto se pudo observar mediante visitas a dichos inmuebles donde se comprobó la deficiencia en personal médico y de seguridad, así como la alimentación especializada para las personas menores de edad que viven con ellas.
En ese sentido, la CNDH explicó que, “hacen falta talleres, aulas, comedores, cocinas, áreas deportivas, ludotecas y espacios de visita conyugal adecuados” (sic).
Asimismo reveló que el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) afirma que los centros penitenciarios mixtos obtuvieron una calificación de 5.98 en promedio a nivel nacional, los femeniles alcanzaron 7.57.
En el caso de Durango se obtuvo una calificación de 6.36, en Tamaulipas 4.92 y Baja California Sur 4.95, todo en una escala 0 a 10
Posteriormente se constató que existe transgresión de los derechos a la alimentación, seguridad, actividades laborales y educativas, entre otros, a consecuencia de las precarias condiciones en espacios destinados para mujeres privadas de la libertad y sus hijas e hijos que ahí viven.
“Por ello, se recomienda a los Gobernadores de los estados de Tamaulipas, Durango y Baja California Sur, realizar acciones para que la entidad respectiva cuente por lo menos con un establecimiento específico para mujeres privadas de la libertad”, señaló el comunicado.
Para contrarrestar dicha situación es necesario asignar recursos presupuestales, materiales y humanos que permitan la organización y el funcionamiento de centros penitenciarios independientes, desde su titular, que deberá ser mujer, hasta el personal de las áreas jurídica, técnica, médica, administrativa, seguridad y custodia.
De igual forma es importante asignar recursos a infraestructura y equipamiento para que se garanticen condiciones de estancia digna y segura para mujeres privadas de su libertad y para sus hijos.
“Los gobernadores deben emprender acciones para que se garantice el derecho a la reinserción social de las mujeres privadas de la libertad en dichos estados, en especial en labores productivas, privilegiando el trabajo remunerado y su capacitación en actividades útiles”, enfatizó.