AGENCIAS
WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS
Donald Trump ha tomado una vía desesperada este viernes y ha declarado una emergencia nacional en Estados Unidos con el fin de desplazar fondos para la construcción del polémico muro fronterizo con México. Fracasado su proyecto en el Congreso, el presidente apelará a los poderes especiales para conseguir fondos alegando una crisis de inmigración ilegal y de entrada de drogas. La primera difícilmente se sostiene con las cifras: el número de familias sin papeles que llegan a la frontera sí ha alcanzado un récord, pero el número de personas que cruzan ilegalmente se encuentra lejos de su máximo de hace dos décadas. Y la segunda, la entrada de drogas, tiene pocos visos de frenarse con un muro, dadas las vías que las redes de narcotráfico suelen utilizar para introducirlas en Estados Unidos. Además, el propio concepto de emergencia chirría con una batalla que lleva meses abierta en Washington.
Trump ha hecho el anuncio en el jardín de la Casa Blanca, acompañado de familiares de un hombre asesinado por un extranjero sin papeles, en una forma muy gráfica de vincular inmigración irregular y delincuencia. Sin embargo, con el paso de las semanas, su discurso ha ido acentuando el riesgo del narcotráfico, frente al de la inmigración irregular, lo que hace más fácil justificar la emergencia. “Estamos hablando de una invasión de nuestro país, de drogas, de crímenes, de tráfico de personas”, ha dicho. “Voy a firmar una declaración de emergencia, como han hecho otros presidentes antes que yo por cosas menos importantes. Esto es algo muy importante”, ha insistido. En un momento, en la ronda de preguntas de los periodistas, se ha traicionado y ha reconocido que puede convertirse en material de un largo litigio: “Yo no necesitaba hacer esto, solo quería hacerlo más rápido”.
La Constitución de EE UU establece que no se puede utilizar dinero alguno del Tesoro sin una ley del Congreso, pero otra norma de 1976 autoriza al presidente a arrogarse poderes especiales en casos de emergencia. Trump planea usar una orden ejecutiva para el muro, un camino muy controvertido políticamente y plagado de dudas jurídicas. Ya, el jueves por la tarde, cuando se conocieron sus intenciones, la líder demócrata en el Congreso, Nancy Pelosi, advirtió en rueda de prensa de que se trataba de una emergencia “creada por él” y dejó la puerta abierta al litigio.
El jefe de gabinete, Mick Mulvaney, cifró en aproximadamente 8.000 millones de dólares (unos 7.095 millones de euros) la partida de la que el Gobierno podrá disponer con esta declaración para reforzar la seguridad en la frontera. En concreto, Trump tendrá acceso a 3.600 millones presupuestados para proyectos de construcción para los militares, 2.500 millones para un programa de narcóticos y 600 millones del Tesoro de fondos de recursos incautados, que se suman a los 1.375 millones que los legisladores republicanos y demócratas sí habían pactado para vallas en la frontera.
Lo que no está claro es si este recurso va salir adelante sin tropiezos. Los demócratas pueden tratar de bloquearlo en el Congreso (aunque necesitarían el apoyo del Senado, controlado por los republicanos) o llevarlo ante un juez, algo que también pueden hacer organizaciones sociales o particulares, como ocurrió con el veto migratorio. El propio presidente anticipó una batalla jurídica. “Acabaremos en el Tribunal Supremo y espero que tengamos un trato justo y ganemos”, afirmó.