- Sughey Torres promueve reformas a la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado.
- También se prevé elevar el porcentaje de donación de terreno del 15 al 20% para áreas verdes.
Durango, Dgo.
Con la finalidad de atender las necesidades de las familias duranguenses, la diputada Sughey Adriana Torres Rodríguez presentó la iniciativa que contempla incrementar la superficie mínima para las viviendas de interés social, aumentando de 90 a 106 metros cuadrados, lo que representa una adición de 16 metros cuadrados.
Al realizar la ampliación de motivos de la iniciativa de reformas a la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado, resaltó que, de acuerdo con la ley vigente, una vivienda de interés social debe contar con al menos 90 metros cuadrados.
Sin embargo, a nombre del Grupo Parlamentario del PRI subrayó la importancia de ofrecer espacios más amplios y adecuados que puedan contribuir al desarrollo personal y familiar, recordando que muchas de estas viviendas se financian a largo plazo.
En sus encuentros con la ciudadanía, la legisladora compartió que ha escuchado con frecuencia las preocupaciones de las familias sobre las dificultades de vivir en espacios reducidos.
Torres Rodríguez también destacó que, si bien los criterios de construcción suelen seguir las tendencias del mercado, la demanda de una vivienda digna es un deber constitucional y no solo una petición social. Asimismo, enfatizó la importancia de considerar a niños y adultos mayores, quienes pasan mayor tiempo en casa y son más vulnerables a los efectos de un hogar inadecuado.
Citó a la Organización Mundial de la Salud (OMS), que advierte que para 2050 se duplicará el número de personas mayores de 60 años que pasarán una mayor proporción de su tiempo en casa, mientras que los cambios climáticos exigen viviendas capaces de proteger ante fenómenos meteorológicos extremos.
Además, la iniciativa sugiere elevar el porcentaje de donación de terreno que deben realizar los desarrolladores de vivienda a los gobiernos municipales, pasando del 15 al 20 por ciento. Con esto, se busca preservar áreas verdes y espacios de uso común que favorezcan la convivencia familiar y vecinal, el deporte y la recreación.
