- Se presentan iniciativas con este fin.
- Se trata de un número estimado de 75 servidores públicos tanto de la Fiscalía Anticorrupción como del Instituto para las Evaluaciones Públicas del Estado, informó el diputado Luis Enrique Benítez Ojeda.
Rosy Gaucín/La Voz de Durango
Se presentaron iniciativas en el Congreso del Estado para que trabajadores tanto de la Fiscalía Anticorrupción como del Instituto para las Evaluaciones Públicas del Estado (Inevap), puedan contar con seguridad social, informó el diputado Luis Enrique Benítez Ojeda.
El legislador lamentó que servidores públicos no tengan derechos o prestaciones las familias cuando fallecen, como el caso del fiscal Anticorrupción, Héctor García, que murió tras un accidente en diciembre del 2021.
Sostuvo que todos los trabajadores deben de gozar el mínimo de bienestar y derechos sociales que la Constitución establece, y “los diputados debemos velar por que eso suceda, que todos quienes laboran en dependencias y organismos, en todos Poderes, puedan tener garantizados todos sus derechos”.
En el caso de la Fiscalía Anticorrupción ya tiene etiquetado recurso para tema y que se incorporó en el presupuesto, incluso se les pudo ampliar a 1.5 millones de pesos para este fin.
Recordó que ellos anteriormente venían trabajando con el ISSSTE, pero solo se cubría la parte de salud, y ahora lo que se busca es que haya la autorización formal para poder incorporarse al régimen del IMSS, que les garantice no solo la parte del servicio de salud sino otro tipo prestaciones y lo que tiene ver incluso con su fondo para el retiro y sus jubilaciones algún día.
Esto también está sucediendo en el Instituto para las Evaluaciones Públicas del Estado, que está en la misma situación y ya hay también una iniciativa presentada en ese tenor, y el objeto sería que la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, pueda sesionar en los próximos días para que puedan aprobar estos dictámenes.
Posteriormente se traerían al pleno, y entonces una vez aprobados ambos casos, y en ambas instituciones, los órganos autónomos puedan procederse en consecuencia para salvaguardar los derechos de los trabajadores.
En el caso de la Fiscalía Anticorrupción, se estaría hablando de 43 trabajadores y en el Inevap de 34, es decir, serían 75 servidores públicos que al final desde el más alto comisionado o fiscal, hasta la persona que mantiene aseado el edificio o local, merecen tener su seguridad social garantizada, concluyó el representante popular.
