- Diputada pide al Congreso de la Unión legisle en materia procesal civil y familiar.
Alejandro Valencia / La Voz de Durango
De acuerdo con la diputada Alicia Gamboa Martínez, es necesario contar con herramientas tecnológicas como los juicios en líneas, las audiencias virtuales, el uso de programas de inteligencia artificial, notificaciones por WhatsApp, entre otras cuestiones que pueden permitir que la justicia sea más ágil, que se imparta con mayor celeridad y que no ponga en peligro de contagio a quienes acuden ante los jueces a reclamar sus derechos.
Dijo que esas herramientas pueden y deben figurar en el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que se debe expedir a la brevedad.
“Nosotros como legislatura local no hemos podido introducir debido ya que no contamos son facultades para reformar nuestro código procesal civil desde antes de la pandemia, es decir, desde el año 2017”, dijo,
Enfatizó la importancia que en el proceso de afinar el Código Único se tome en cuenta la situación particular de cada poder judicial, para ‘preservar’ las buenas prácticas, soluciones e innovaciones que algunos poderes judiciales ya han implementado, y facilitar que otros estados las puedan replicar de manera gradual, sin que ello imponga cargas imposibles de cumplir para los poderes judiciales con rezago en el tema, como lo es Durango.
En virtud de ello el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional exhortó al Congreso de la Unión a fin de que legislen ya el Código Único procesal Civil y Familiar, o bien, se les faculte para poder modificar el código local que tenemos, a fin de actualizar el rezago legislativo, porque desde hace cuatro años, estamos impediditos para reformarlo.
“Más allá de la aprobación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, sería deseable que el Gobierno Federal, en coordinación con los gobiernos estatales, prevea recursos financieros, tecnológicos y de asesoría técnica para que los poderes judiciales estatales logren esta transformación, que podría llegar a ser tan relevante como lo fue, en su momento, la reforma penal” explicó.
En septiembre del año 2017, el Congreso de la Unión aprobó una reforma al artículo 73, fracción treinta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se estableció que a partir de esa fecha las legislaturas locales de los estados no tienen la facultad para legislar en materia procesal civil y familiar.
Y de acuerdo con los artículos transitorios, el Congreso de la Unión contaba con la obligación de emitir un Código Único de Procedimientos Civiles y Familiares aplicable en todo el país en un máximo de 180 días, es decir, a mediados de marzo del año 2018.
Hasta el momento son cuatro años en que las legislaturas locales no han podido reformar sus códigos procesales civiles.
“Cuatro años en donde hemos modificado el código civil pero no así el código adjetivo, la falta de actualización del código procesal civil ha dificultado a los poderes judiciales estatales la implementación de nuevas herramientas y medios digitales para la impartición de justicia en la materia civil y familiar” aclaró.
Finalmente, en el contexto de la pandemia provocada por el virus del Covid-19, contar con ese ordenamiento se ha vuelto más urgente que nunca.
Pues con la suspensión de labores de prácticamente todos los poderes judiciales en el año 2020, millones de familias mexicanas vieron interrumpido el ejercicio de su derecho de acceso a la justicia, en virtud de que la mayor parte de la funciones judiciales cesó a partir de los decretos de emergencia sanitaria expedidos por la Secretaría de Salud.
