- Choferes de plataformas digitales.
- No es que el estado esté en contra de este servicio, sin embargo, deben de regularizarse como todos, para seguridad y un mejor servicio: Raúl Obregón Maa.
César Rodríguez
La Voz de Durango
Ante el operativo ejecutado el pasado viernes en la capital, donde se retuvieron tres vehículos en relación a flagrancia por operar sin alguna clase de concesión o regularización, el director de Transportes en la Subsecretaría de Movilidad y Transportes, Raúl Obregón Maa puntualizó, que es un operativo que se ha realizado desde el año 2018 y es de manera completamente preventiva.
Subrayó, que este tipo de operativos se hacen con la finalidad de que no se presente alguna confrontación entre los prestadores de servicios, ya que son varias las quejas por parte de los sindicatos para exigir una regularización.
Aseguró, que se sancionará a los trabajadores de aplicaciones móviles si continúan brindando el servicio en la ciudad sin estar legalmente registrados en el padrón de la Subsecretaría de Movilidad y Transportes del Estado.
“El articulo 360 del Código Penal tipifica la prestación del servicio público sin concesión por no tener autorización por parte del estado como un delito, es en base a ello que los inspectores del transporte están cumpliendo únicamente con la aplicación de la ley”, aseveró.
El funcionario detalló que desde el año 2018, se realizaron diversas reuniones entre el municipio y los operadores, en las cuales se les solicitó registrarse ante el Estado para contar con todos los tramites que les permitan operar de forma legal, no obstante, los choferes de las plataformas digitales han hecho caso omiso.
“No es que el estado este en contra de este servicio, estamos de acuerdo que tenemos que entrar a la modernidad, que haya una competencia leal y legal entre los prestadores del servicio, pero deben de regularizarse como todos, para seguridad y un mejor servicio”, sentenció.
Por lo que según el artículo 360 del Código Penal del Estado de Durango, a quien posea, conduzca o preste servicio público de transporte de pasajeros, carga o mixto, sin concesión, permiso o autorización del Gobierno del Estado, se le impondrá de dos a siete años de prisión.
