POR GREGORIO A. MERAZ
ESPECIAL PARA LA TIMES EN ESPAÑOL
Ante la caída del apoyo de sus seguidores el expresidente Donald Trump, se presenta ante sus seguidores como “víctima” de una implacable persecución política de parte de las autoridades y el gobierno demócrata.
Trump se dice “víctima de un injustificado e inadecuado” cateo de agentes del FBI a su casa de Mar a Lago, de Palm Beach FL. para recuperar más de 15 cajas de documentos “Top Secret” o altamente clasificados, sobre armas nucleares y otros aspectos de seguridad nacional, que él aseguró “no tener”.
De la misma forma en que mintiendo y diciéndose “inocente” impidió la difusión completa del Reporte Mueller, asegurando falsamente que “fue absuelto” de colusión de su Comité de Campaña con rusos cercanos a Vladimir Putin, ahora se dice “inocente” de casi inminentes cargos bajo la Ley de Espionaje de 1917, que sanciona la retención y destrucción ilegales de documentos altamente clasificados y sensitivos para la seguridad nacional.
Trump denunció que “agentes del FBI tomaron por asalto su refugio de Florida” cuando fue enterado previamente del operativo que pudo ver y grabar -junto a sus abogados- a través de cámaras de circuito cerrado.
También “exigió” a través de su red “Truth Social” que se haga público el Affidavit que establece el fundamento legal de la orden de cateo, firmada por un juez, pero no introdujo su solicitud legal ante la Corte de Justicia.
Y es que el expresidente Trump, aún obsesionado por la aplastante derrota que sufrió en 2020 y que no acaba de aceptar, está cada día más paranoico, temeroso e inquieto, por una cadena de eventos recientes.
Allen Weisselberg, quien fue el jefe de finanzas de las empresas de Trump, se declaró culpable de 15 cargos por fraude fiscal y evasión de impuestos durante 15 años. Mientras tanto el expresidente Trump y sus hijos Ivanka, Donald Jr. y Eric, fueron obligados a declarar en la investigación que hace la fiscal federal de Nueva York, Leticia James.
La investigación sobre su interferencia en la elección presidencial en el estado de Georgia, Pensilvania, Arizona, Nevada, Wisconsin y otras entidades, donde amenazó e intimidó a funcionarios electorales, a otros trató de sobornarlos y a otros más promovió como delegados falsos, para representarlo en caso de ganar su golpe de estado fallido, avanza peligrosamente contra él.
Rudy Giuliani, su exabogado personal, fue obligado a testificar ante un Gran Jurado en Georgia, luego de que el FBI decomisó los teléfonos de legisladores que se comunicaron con él antes del tumulto del 6 de enero.
El senador Lindsey Graham, de Carolina del Sur, tras múltiples apelaciones judiciales, también fue obligado a testificar en la investigación de injerencia de Trump en las elecciones, presionando y amenazando al secretario de Estado para que revirtieran el resultado de la votación.
Y por su fuera poco, ahora quien fue su vicepresidente, Mike Pence, haciendo campaña para contender contra él en la elección presidencial de 2024, se distanció de la mentira de “robo electoral” de Trump, ha asegurado que “no tenía la capacidad legal” para impugnar la elección, como Trump le exigía y ahora expresó su mejor disposición para testificar ante el Comité Selecto J-6 del Congreso, sobre los incidentes del 6 de enero y temas relacionados con la elección.
Esto son malas noticias para Trump, quien, desesperado busca expertos legales que puedan auxiliarlo mejor de lo que han hecho Alan Dersowitz y sus abogados.
Por esa razón, Trump hace planes para desplazar a los veteranos y antiguos funcionarios de casillas que durante décadas participaron en las elecciones, por gente “150% leal” no a la Constitución, sino a él.
Ese personal tendrá apoyo de una red de supervisores, abogados y hasta jueces electorales ya reclutados, presentados y entrenados por más de 16 “direcciones de integridad del voto” formadas con una inversión millonaria, que tiene como misión magnificar errores demócratas y minimizar errores republicanos.
Trump y su equipo también trabajan en una “nueva estructura” del gobierno federal, de la que, bajo una orden ejecutiva que Trump firmó en la última parte de su gestión, denominada “Programa F,” a través de la cual planean depurar más de 50 mil empleados de carrera del gobierno, para ser remplazados por empleados “leales” a Trump y fieles a su política de “America Primero”.
Los 60,000 empleados serían clasificados como una nueva categoría de empleados dentro del gobierno Federal, por lo que perderían sus anteriores derechos laborales, lo que sería otro elemento más a favor de Trump, en busca de “lealtad absoluta”.
Tradicionalmente, el cambio de una administración presidencial implica la remoción de cerca de 4,000 empleados federales, que ocupan cargos políticos,
En el caso de Trump, quiere asegurarse de que “no habrá piedras en el camino.
Confiados en ganar el control de una o las dos Cámaras del Congreso, en las elecciones de medio termino de noviembre próximo, legisladores republicanos trabajan en reformas legales “contra el estado profundo”, que impedirían o neutralizarían la supervisión al gobierno, que ordena la Constitución y eliminarían capas de protección con que ahora cuentan el FBI, agencias nacionales de seguridad, inteligencia, los Departamentos de Estado, Defensa Justicia y otros, para que el presidente pueda actuar libremente.
Uno de los principales propósitos de Trump, es tener un Procurador General de Justicia incondicional, cargo que podría conferir a Jeffrey Clark, quien ahora trabaja en el “Centro de Renovación de América”, creado por Russ Vought, exjefe de la Oficina de Manejo de Presupuesto de Trump, de acuerdo a Axxios, que menciona al exjefe de gabinete de Trump Mark Meadows, a su asesor antinmigrante Stephen Miller, a Ed Corrigan, Wesley Denton, Brooke Rollings, James Shrek, Andrew Kloster y Troup Hemenway, como posibles integrantes de un eventual gobierno de Trump, igual que Dan Scavino, John McEntee, Richard Grtenell, Kash Patel, Robert O’Brian, John Ratcliffe, Peter Navarro y Pam Bondi, exprocuradora de Justicia de Florida.
Clark fue un exempleado gris del Departamento de Justicia, que tras la renuncia del Procurador Bill Barr y el ascenso de Jeffrey Rosen, quien también se resistió a tratar de revertir la elección, se ofreció a hacer lo que le dijera Trump, pero la amenaza de renuncia masiva y denuncia de los funcionarios del Departamento de Justicia, impidió su nombramiento.
