- El diputado Carmen Padilla Fernández, presenta iniciativa para proteger la dignidad de las personas.
Rosy Gaucín/La Voz de Durango
La iniciativa de reformas al Código Civil del Estado busca proteger la dignidad de las personas con discapacidad, ya que en la actualidad aun encaran barreras y discriminación que les restringen su participación en condiciones de igualdad dentro de la sociedad, señaló el diputado J. Carmen Fernández Padilla.
A través de la presente iniciativa de reforma, dijo que la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD), propone la modificación del artículo 23 del Código Civil vigente en nuestro Estado, para incluir la obligación a cargo de toda autoridad y miembro de nuestra sociedad de respetar la dignidad de las personas en estado de interdicción, o que cuente con menor de edad o toda aquella que tenga incapacidad legal establecida en nuestra legislación, para especificar que dichas circunstancias en ningún momento podrán menoscabar la dignidad de las personas.
“Las personas con discapacidad en muchas ocasiones llegan a padecer la negación de su derecho a ser considerados adecuadamente dentro en el sistema de educación que se imparte para la generalidad o en las determinaciones que en materia laboral se llegan a adoptar en el sector productivo, además de un sinnúmero de actividades”, refirió.
La dificultad que significa para muchas de esas personas el ejercer una independencia de vida les resulta una gran frustración pues, dependiendo de las características particulares, esa limitación pudiera ser una con la que tendrán que lidiar de manera permanente y que provoque en todo momento la dependencia de terceros para la defensa de sus derechos.
Por otra parte, la minoría de edad conlleva, además de facultades y obligaciones, limitaciones en el ejercicio de derechos que no se alcanzan hasta que se cumplen los 18 años, por lo que la práctica de muchas de las prerrogativas con las que cuenta un menor de edad se debe realizar a través de su representante, que comúnmente suelen ser sus progenitores.
Explicó que lo mencionado ocasiona que la legislación civil considere que, tanto la minoría de edad como el estado de interdicción declarado por autoridad competente, se consideren como impedimentos a la capacidad legal de las personas, por lo que los actos jurídicos en los que puedan intervenir solo tendrán efecto si se realiza a través de sus respectivos representantes legales.
A pesar de lo anteriormente expuesto en los casos en que la ley determine el estado de incapacidad legal, en ningún momento y por ninguna circunstancia, dicho impedimento puede ser motivo para denigrar o menoscabar la dignidad de las personas a través de la desatención de sus derechos humanos pues, el valor, la dignidad y la integridad de cada individuo deben ser atendidos y respetados a cada momento.