Por Nacho Aguado
Causó polémica la demanda civil interpuesta por el gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ante autoridades de Estados Unidos, contra las empresas más importantes en el diseño, producción, distribución y venta de armas en ese país. No es para menos; jamás se había hecho y ni siquiera mencionado de forma pública alguna acción del tipo.
El anuncio del canciller Marcelo Ebrard Casaubón, lo hizo mediáticamente con el acompañamiento institucional de las Cámaras de Senadores y la de Diputados, y de un cuerpo de abogado expertos perteneciente a la cancillería, donde explicaron y resaltaron la importancia de dicha acción civil.
Es fundamental conocer los motivos, pero sobre todo exponer algunos datos duros respecto a las armas que provienen de forma ilegal de Estados Unidos a México; si bien, la problemática que se vive en el país de inseguridad y la fuerza del crimen organizado es multifactorial, desde la corrupción, impunidad, pobreza, desempleo, salud mental, niveles educativos y quizá varios más, pero debemos reconocer que el eslabón que representa el equipamiento de armas de los grupos criminales proviene también de la corrupción que existe en el vecino país, y que, a nuestro país no le basta ejecutar acciones internas, sino que también debe atacar de fondo situaciones que nos afectan allende las fronteras.
Yo resalto varios puntos de esta acción histórica:
Las armas utilizadas y recuperadas en hechos delictivos son entre el 70 al 90 porciento son traficadas desde Estados Unidos, si bien, gran parte nos corresponde como país, y tenemos responsabilidad interna para bloquear la entrada ilegal de armas de alto poder, pero también otra no menos importante, le corresponde a las empresas gringas cumplir lo que por años han ignorado y no solo eso, sino han incumplido con el Gobierno de Estados Unidos, pues desde 2001, se les ha pedido esquemas de control real e identificación de cada arma diseñada, producida, distribuida y comercializada en su país, y donde operan y trabajan de la mano con cárteles mexicanos. Estos últimos, no existirían sin la complacencia de autoridades estadounidenses y por supuesto, por esas empresas ahora demandadas y señaladas, aquí y allá, de negligentes y laxas en sus operaciones empresariales.
A todas luces pues, existe daño grave no solo para nuestro país sino para Estados Unidos, porque ese giro es tan poderoso que ni allá han podido controlarlo, pero esta acción por parte del Canciller y el equipo jurídico, no solo es un paso de alto nivel, sino que representa un ejemplo mundial para atacar los problemas de fondo; lo que le corresponde a la política exterior, con efectos a la política interior. Es un negocio multimillonario del que se han beneficiado dichas empresas por el comercio informal, y deben pagar por las afectaciones provocadas en el porcentaje de culpabilidad que les corresponde.
De la A a la Z se deben atacar los problemas y, a dichas empresas, les corresponde varias sílabas del abecedario que representa el armamentismo del crimen organizado y la nutrición a la corrupción en el mundo. Las afectaciones son claras y México lo acreditará con pruebas y evidencias ante la Corte de EEUU, y no tarda el gobierno de aquel país en unirse a la solución del problema bilateral.
La acción de la SRE, rompe esquemas, porque ha sido avalada por la comunidad internacional.