- La verdadera preocupación es la discrecionalidad en el uso de los recursos de fideicomisos a punto de desaparecer.
Graciela Rosales/La Voz de Durango
En los últimos años, hay una tendencia mayor a centralizar funciones en un gobierno que más que federal es central, porque hay una concentración de funciones y empezó antes de la presente administración con los casos del Instituto Nacional Electoral (INE) y el código penal único y ahora la desaparición de los fideicomisos. declaró el secretario General de Gobierno, Héctor David Flores Ávalos.
El funcionario, dijo que no se podría afirmar si el modelo es bueno o malo, pero en la medida en que no se tomen en cuenta las necesidades de las entidades federativas, “entonces nos estaremos equivocando”.
Con la desaparición de los fideicomisos, ese dinero se trasladaría a la bolsa del presupuesto público que maneja la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), pero la preocupación es la discrecionalidad en el uso de los recursos.
Explicó que en el caso del Subsidio para el Fortalecimiento del desempeño en materia de Seguridad Pública (Fortaseg), era una de las principales herramientas con el que contaban los presidentes municipales, para programar con una certidumbre relativa, un ejercicio presupuestal en temas de seguridad y ahora al momento de que se diera la desaparición de estos fideicomisos y particularmente este, generaría una terrible incertidumbre.
La preocupación no es que desaparezca el dinero, porque ese recurso se traslada a la bolsa del presupuesto público, es decir, en términos coloquiales se va “a la panza” del presupuesto que maneja la SHCP.
La verdadera preocupación es la discrecionalidad en el uso de los recursos, porque los fideicomisos tenían un destino específico y en algunos casos como el Fortaseg, su aplicación está sujeta a criterios técnicos, de acuerdo con las propuestas que se presentaban y evaluaban.
Lo que se avecina en Durango ante la desaparición de fideicomiso es como en todo el país, una distribución del presupuesto a través de la Secretaría de Hacienda y en el peor de los escenarios no se tendría claridad en la discrecionalidad para la aplicación de proyectos, programas y apoyos.
