Por terminar, pacto de responsabilidad social: AAQ

0
65
  • Por ahora no habrá sanciones.
  • Si hay necesidad de que permanezcan algunos puntos, se analizará esa posibilidad.

Graciela Rosales/La Voz de Durango

El pacto de responsabilidad social, tiene duración de dos semanas y ya van a concluir, por lo que si hay puntos que deban permanecer, se analizará esa posibilidad y en su caso, sería bien platicado para no lastimar a nadie, señaló Adrián Alanís Quiñones, secretario General de Gobierno, tras precisar que existe presión por parte de la sociedad para que se apliquen sanciones, pero el gobernador, José Rosas Aispuro Torres considera que eso no es conveniente.

Explicó que el mandatario estatal ha considerado que no es bueno meter ahorita una sanción económica, después de lo que están pasando los ciudadanos que se sienten marginados, confinados, con problemas de empleo, de falta de ingresos económicos y por eso no se podría ser más duros en ese sentido y que todo sea a través de una carga económica.

Sobre el tema del bloqueo de la Cocopo, ellos argumentan que los maestros que han estado con interinatos, tienen más de seis meses con una día, tienen derecho a que en ese momento se les pueda tener una plaza definitiva; la Secretaría de Educación Pública está de acuerdo, al igual que la Consejería Jurídica, en donde estará finanzas, educación y secretaría de gobierno en donde se analizarán todos los temas, porque lo importante no es que sea un costo más, porque ya como interinato, todo se les está pagando a esas personas.

La cosa es que ya sean definitivos, hay un acuerdo firmado por Cuauhtémoc Moctezuma, en donde él mismo manifiesta que después de seis meses un día tienen derecho los maestros en interinatos a tener la plaza.

Otro tema es que Coesvi les pueda ayudar a construir vivienda y que haya un fondo en el gobierno del estado, de diez o quince millones de pesos que ahorita no tiene el gobierno del Estado, pero se está platicando con ellos.

Y otro de los problemas es que dicen haber sido despojados por parte de la fiscalía del Estado de viviendas que dicen que son de ellos, pero no acreditan realmente la propiedad.