Respetar la legalidad, directriz del servidor público

  • Concluye con éxito seminario y talleres del PRI.
  • Expone Miguel Carbonell ante alcaldes electos priistas.

Los servidores públicos tienen como directrices actuar respetando siempre la legalidad, la imparcialidad así como velar por el interés público, expuso el prestigiado jurista mexicano Miguel Carbonell en su conferencia magistral “Sistema Nacional Anticorrupción y Régimen de Responsabilidades”.

Ante los alcaldes electos priistas que participaron en el Seminario y Talleres de Actualización en Gestión Exitosa de las Administraciones Públicas Municipales, señaló que toda persona que presta un servicio dentro de la administración pública, debe mantener una igualdad en el trato, una cultura de servicio, realizar un adecuado manejo de recursos, respetar los derechos humanos, mantener vocación de servicio y evitar los conflictos de interés.

Durante los días 26 y 27 de julio, de manera coordinada el PRI Estatal y el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) que preside Claudia Ruiz Massieu, organizaron este encuentro de actualización y capacitación para las y los alcaldes que obtuvieron el triunfo en las elecciones del 2 de junio y que entrarán en funciones el 1 de septiembre.

El objetivo principal de esta actividad fue proporcionar a los alcaldes electos los conocimientos y herramientas para que tengan una gestión, exitosa, expresó el presidente estatal priista, Luis Enrique Benítez Ojeda, acompañado de la secretaria General del Comité Directivo Estatal (CDE), Sonia Catalina Mercado Gallegos, y del delegado del CEN en Durango, Roberto Padilla Márquez.

Detalló que en este seminario y talleres se abordaron temas de gran importancia como la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción; el diseño e implementación de los instrumentos de planeación municipal, la comunicación política, la gestión financiera y la operación cotidiana de las administraciones.

En su exposición, Carbonell explicó en qué consiste la Ley 3de3 señalando que la Ley prevé  la existencia de un sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal, mediante la cual los servidores públicos demuestran su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas.

 

 

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