- El Congreso local ha sido omiso al no pronunciarse al respecto y generar incertidumbre entre el gremio de los abogados: Mario Pozo.
Aarón Quiñones/ La Voz de Durango
El abogado Mario Pozo Riestra señaló que hay circunstancias jurídicas que hacen presumir que la razón le pudiera asistir al Juez Mixto de Primera instancia del municipio de Topia, Alejandro Acosta Nájera en el juicio político que inició en contra del magistrado presidente del Poder Judicial, Esteban Rosas Calderón, sin embargo, la “pelota” está en la cancha del Congreso local, al que calificó de omiso en una situación de suma trascendencia para el estado.
Según el expresidente de la Barra de Abogados se había hecho un análisis antes del juicio que se inició contra el magistrado presidente en donde se señaló que había una inconsistencia en razón de lo que establece la propia Constitución de la toma de protesta del titular del Poder Judicial que debiera ser en el mismo acto o el mismo día que toma protesta el gobernador, en ese sentido no fue así, Esteban Calderón toma protesta hasta el 21 de abril de 2016, y tampoco se menciona el periodo que va a cumplir, si es de seis años o simplemente iba a terminar el periodo de su antecesor Apolonio Betancourt Ruiz.
Posteriormente se llega el plazo de esa presidencia del tribunal y no fue ratificado Calderón Rosas, pero además se suma otra circunstancia, él entra al Poder Judicial en el lugar que dejó el magistrado Héctor Rosales Badillo, quien en su momento recurrió al amparo por considerarse agraviado por esa circunstancia y éste se resuelve a su favor ordenando que se regresara a su número como magistrado, el cual ya estaba siendo ocupado por el actual magistrado presidente.
“Debido a ello en la actualidad hay 20 magistrados cuando en la Constitución establece que solamente debe haber 19”.
En el supuesto de que tuviese razón el juez Alejandro Acosta sería una cosa muy lamentable que quien está al frente del Poder Judicial, que no es cualquier cosa, lo estuviera haciendo sin tener esa facultad y además en todo caso no tendría fuero constitucional en este momento, por lo que el Congreso tiene la responsabilidad de pronunciarse en ese sentido, sea cual sea la respuesta, porque la ciudadanía se merece el respeto e incluso para quienes se dedican la abogacía existe un clima de incertidumbre.
