Sara Valenzuela/ La Voz de Durango. Tras el anuncio del secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, sobre nuevas estrategias para combatir la extorsión en el país, las cuales incluyen operativos sorpresa, congelamiento de líneas telefónicas y de cuentas bancarias, el representante del Colectivo Ciudadano, Jesús Díez Flores advirtió que estas acciones se apoyan en reformas que representan una amenaza a la privacidad de los ciudadanos.
Aunque reconoció que la intención del combate a delitos como la extorsión o el secuestro es buena, expresó su preocupación por el debilitamiento de los derechos ciudadanos y una posible instrumentalización del poder con fines discrecionales.
“Creo que la intención tiene que ser buena, pues todo el mundo nos quejamos de los problemas de inseguridad que hay en el país, la invasión a la privacidad y el despojo de ese derecho a los ciudadanos es lo que lamentamos y lo que recriminamos”(…)”Por supuesto, ellos están actuando como una gavilla de intereses, como una pandilla en el poder y nada más que recuerden que algún tiempo ellos, siguiendo otras corrientes políticas, se inconformaban y manifestaban su desacuerdo por todas estas medidas
que ahora ellos están tomando y están promoviendo y están haciendo lo que combatieron y lo que señalaban en años pasados”, refirió.
En ese sentido, hizo referencia a los cambios legislativos en la llamada “ley espía” y la normativa sobre el resguardo de datos personales, señalando que antes era necesario el mandato de un juez para intervenir comunicaciones o acceder a información bancaria, lo cual garantizaba la privacidad de los ciudadanos.
Asimismo, agregó que el Instituto Federal Electoral (IFE) anteriormente resguardaba bases de datos sin tener la facultad de compartirlas o disponer libremente de ellas, lo cual ha cambiado con las nuevas disposiciones legales.
“La única diferencia es que antes se requería la orden de un juez para poder intervenir, teléfonos, para poder tener datos de cuentas bancarias, para tener acceso a los datos que son de los ciudadanos, que no nos pertenecen, que no son de nadie más y la ley anterior garantizaba el resguardo de esos datos personales, que deberían de permanecer en privacidad y el IFE, que era el Instituto Federal Electoral, los tenía bajo resguardo, de ninguna manera le pertenecían y no podía disponer de ellos, ahora ya puede disponer cualquier autoridad o cualquier dependencia de nuestros datos”, explicó.
